AVEBIOM (Asociación Española de la Biomasa) presentó durante el periodo de alegaciones al borrador de la orden que regula el mecanismo de subasta de energías renovables para generación eléctrica y el calendario para el período 2020-2025 la propuesta de comenzar en 2020 con 200 MW para la biomasa y continuar hasta 2025 añadiendo 100 MW cada año para alcanzar un total de 700 MW en centrales de hasta 20 MW de potencia como máximo.
Este aumento de potencia y la limitación de tamaño de las centrales permitirían valorizar en torno a 7 millones de toneladas de biomasa cada año y consolidar una amplia red de suministradores que generaría una gran cantidad de empleo en zonas rurales.
Sin embargo, la orden recién aprobada elimina la cuota mínima de 80 MW inicialmente destinada para la biomasa en la subasta de 2020 y establece un calendario de subastas para esta tecnología cada 2 años acumulando los objetivos anuales con el argumento de que así se “facilita la viabilidad y participación de proyectos con una dimensión suficiente”.
Javier Díaz, presidente de AVEBIOM, cree que eliminar la subasta de 2020 ha sido una decisión extraña. “Haber subastado la potencia acumulada de los dos primeros años de inmediato, esto es 140 MW, limitando la concentración de la potencia en pocos proyectos, hubiera supuesto un alivio para las empresas con proyectos en zonas de gran densidad de biomasa.”
En 2020 se convocarán subastas para un mínimo de 3.000 MW, de los que al menos 2.000 MW se destinarán a energía eólica y fotovoltaica y los restantes 1.000 MW sin restricción tecnológica. “Dejar 1.000 MW sin concretar tecnologías favorecerá la instalación masiva de fotovoltaica, sin duda”, asegura Javier Díaz. “Además, permitir la presentación de proyectos de biomasa de gran potencia, como ya ha ocurrido en subastas anteriores, desvirtúa en gran medida las ventajas de la biomasa al concentrar en una sola planta un consumo enorme, del orden de 450.000 toneladas año de biomasa para una central de 50 MW, lo que obliga a suministros de biocombustible desde grandes distancias a la instalación”, concluye Díaz.
Por otra parte, la puesta en marcha de 700 MW nuevos posibilitaría un mayor uso de biomasas agrícolas, como las podas de viñedos, frutales, paja y otras agrobiomasas, lo cual encaja a la perfección con los postulados de la economía circular y aflojaría la presión sobre la biomasa forestal que, hoy en día, aporta más del 60% de los biocombustibles sólidos para generar energía eléctrica con biomasa.